Compliance ambiental en Latinoamérica: un puente hacia la Sostenibilidad basado en Legalidad y Ética Empresarial  

En un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y creciente presión social por un desarrollo responsable, las instituciones públicas y las empresas en Latinoamérica deben asumir un rol más proactivo. El compliance ambiental emerge como una herramienta clave no solo para cumplir con la normativa vigente, sino también para generar confianza, prevenir riesgos y fomentar un desarrollo ético y sostenible en las naciones.

Desde hace unos meses hemos estado implementando el estándar ISO de Gestión Antisoborno en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, donde hemos podido dimensionar la importancia del cumplimiento interno para legitimar su rol regulador, fiscalizador y sancionador en un ambiente de control externo y es que el fomento del compliance ambiental debe iniciar desde el corazón de los Estados: Instituciones reguladoras. No se puede exigir al sector privado un alto estándar de cumplimiento si el propio ente fiscalizador carece de sistemas efectivos para prevenir la corrupción, garantizar transparencia o actuar con base técnica.  Un regulador que integre principios de compliance, buenas prácticas de gobernanza y herramientas como la ISO 37301 (gestión de compliance) o la ISO 37001 (antisoborno) no solo mejora su funcionamiento, sino que legitima su autoridad frente a las empresas, las comunidades y la sociedad en general.

Este es el objetivo principal de estas iniciativas en organizaciones como la Superintendencia de Electricidad donde también nos encontramos implementando compliance y antisoborno,  como parte activa del proceso de transición hacia una matriz energética más limpia y sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos climáticos del país y cuya regulación impacta directamente en la viabilidad financiera y operativa de los proyectos de energías renovables y sostenibles, influyendo en las decisiones de inversión del sector privado.

En este mismo orden de ideas, un ejemplo claro de la importancia del cumplimiento institucional lo ofrece República Dominicana en  el proyecto minero Pueblo Viejo, gestionado por la empresa Barrick Gold, donde surgieron controversias relacionadas con temas ambientales, sociales y contractuales. La falta de controles rigurosos, de transparencia en la concesión y de una fiscalización ambiental sólida por parte del Estado, generó tensiones sociales, desconfianza y un debate nacional sobre el rol del regulador. Este caso impulsó posteriormente mejoras institucionales en el Ministerio de Medio Ambiente, como la digitalización de trámites como autorizaciones ambientales. Sin embargo, aún persiste la necesidad de implementar un enfoque sistémico de compliance dentro de los propios organismos públicos que gestionan el medioambiente.
Latinoamérica ha fortalecido su marco legal ambiental en la última década. Países como Brasil, México, Chile, Perú o Colombia han aprobado leyes más estrictas en temas como evaluación de impacto ambiental, gestión de residuos, protección de áreas naturales o control de emisiones. A su vez, las políticas anticorrupción han comenzado a abarcar explícitamente los delitos ambientales, sancionando prácticas ilícitas que afectan directamente a los ecosistemas.

El resultado es un entorno regulatorio cada vez más complejo y exigente, donde las empresas que no se adapten corren el riesgo de enfrentar sanciones, perder licencias o ver afectada su reputación y cuya exposición es evidente, dado que los daños ambientales más graves en la región están vinculados a incumplimientos que dejan espacio para la corrupción. Desde licencias otorgadas irregularmente hasta la omisión deliberada de controles en sectores como minería, energía o infraestructura, los delitos ambientales suelen estar acompañados de sobornos, tráfico de influencias o redes de impunidad, donde el tono ético del sector privado juega un papel nodal.

Esta realidad convierte al compliance ambiental en un campo que requiere no solo conocimiento técnico, sino una firme postura ética y legal. El enfoque debe estar en la prevención, la gestión de riesgos integrados y el fortalecimiento de controles internos. Para enfrentar estos desafíos, las empresas deben apoyarse en normas y marcos internacionales que aportan estructura, credibilidad y orientación como:

•       Estándar ISO 14001 de Gestión ambiental;
•       Estándar ISO 37301 de Sistemas de gestión de compliance;
•       Estándar ISO 37001 de Antisoborno;
•       Estándar ISO 26000 de Responsabilidad social;
•       Estándar ISO 37000 de Gobernanza Institucional;
•       Enmienda de cambio climático aplicado a estándares ISO.

Estos estándares ofrecen una guía de buenas prácticas que implementadas  de manera articulada, permiten una gestión coherente y eficiente de los riesgos ambientales, legales y reputacionales. La adaptación al cumplimiento ambiental requiere un enfoque integral y proactivo. Algunas acciones clave son:

•       Mapear las obligaciones ambientales
•       Evaluar los riesgos ambientales y de integridad.
•       Diseñar políticas y controles efectivos.
•       Fomentar una cultura organizacional de sostenibilidad.
•       Monitorear y mejorar continuamente.

En toda la región existen ejemplos de empresas que han adoptado modelos de cumplimiento ambiental sólidos, incluso en sectores de alto impacto. Algunas han logrado certificarse en ISO 14001, otras han integrado compromisos ESG vinculantes en sus contratos, y varias participan activamente en iniciativas como el Pacto Global de la ONU.

¿Y hacia dónde nos conduce el compliance ambiental?  ¿Es lo mismo compliance ambiental y sostenibilidad?, mientras que el compliance ambiental se enfoca en el cumplimiento de obligaciones legales, normativas y estándares técnicos relacionados con el medioambiente, la sostenibilidad implica una visión más amplia y estratégica que integra lo ambiental, lo social y lo económico.

Ambos enfoques deben coexistir: el compliance asegura la base legal y ética; la sostenibilidad proyecta a la empresa hacia el futuro. Hoy más que nunca, esta articulación se vuelve crítica, especialmente por las nuevas exigencias globales, como la Unión Europea que ha avanzado en regulaciones como la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) y los criterios ESG para inversiones.

En este contexto, la recién publicada norma IWA 48:2024 se presenta como un marco de referencia clave para implementar estrategias ESG, ya que permite alinear la toma de decisiones empresariales con los principios de sostenibilidad, integrar factores ambientales como huella hídrica, biodiversidad o economía circular, y facilitar la presentación de informes confiables y verificables. Este tipo de enfoque no solo fortalece el compliance ambiental, sino que también responde a los crecientes requisitos internacionales que impactan directamente en la capacidad de los países latinoamericanos para atraer financiamiento, exportar a mercados regulados y posicionarse en cadenas de valor.

Si bien la sostenibilidad debe ser una meta estratégica para las empresas, también es cierto que muchas de ellas enfrentan barreras reales para abrazarla, especialmente en contextos de alta incertidumbre económica, presión competitiva o limitada capacidad financiera. Adoptar prácticas sostenibles, como tecnologías limpias, procesos circulares, trazabilidad ambiental o medición de huellas de carbono, tiene costos iniciales, y esto puede hacer que incluso las organizaciones con buena voluntad prioricen lo "costo-efectivo" a corto plazo sobre lo ambientalmente correcto.

Por eso, los Estados tienen un papel crucial en crear condiciones habilitantes para que la sostenibilidad sea no solo una aspiración, sino una realidad viable. Esto implica desarrollar políticas públicas que incentiven fiscalmente las inversiones verdes, faciliten el acceso al financiamiento sostenible, promuevan compras públicas, como ocurre en República Dominicana.

En todo caso, la sostenibilidad hoy ofrece una oportunidad, la oportunidad de diferenciación, la oportunidad de la novedad y de la confianza. Las empresas debemos ocuparnos de crear un plan de sostenibilidad que incorpore de manera paulatina las buenas prácticas comentadas, ya que hoy es una oportunidad pero mañana será un requisito indispensable en los negocios y mientras más temprano nos comprometamos, más dulce será la transición. La sostenibilidad no espera: es el presente que define el futuro.

Tania De León
Socia-Directora de Cumplimiento, Lexi-Legal, Risk & Management Solutions
Inlaw Alliance | República Dominicana

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