El Salvador: Medidas económicas para emergencia COVID19

En El Salvador, se han anunciado por medio de conferencia de prensa por parte del comisionados del Gobierno, en donde ha creado el "Plan de respuesta y alivio económico ante la emergencia del COVID19", el cual incluye la creación de medidas económicas que buscan apalear la crisis que enfrentaran personas naturales y jurídicas, debido a las acciones que se han tomado a nivel gubernamental para frenar los contagios de COVID19 en el territorio salvadoreño.

Las medidas que incluyen el proyecto económico, que ha sido presentado ante la Asamblea Legislativa, que está destinado para personas que son directamente afectas por COVID19, tales como:

    Personas que pierdan su trabajo en razón de la epidemia, o enviadas a cuarentena sin que el empleador reconozca sus derechos laborales.
    Trabajadores por cuenta propia
    Micros y pequeños empresarios
    Artistas escénicos y circenses
    Taxistas, atletas, odontólogos, y todo profesional que demuestre reducción de sus ingresos por la Emergencia Nacional.
    Dueños y trabajadores de restaurantes, comedores, gimnasios, bares, cafés, touroperadores y empresarios hoteleros.
    Personas que han estado, están o estarán en cuarentena por la pandemia, futuros enfermos y salvadoreños que se han quedado fuera del territorio salvadoreño.

Las medidas que se han previsto, se han resumen principalmente en las siguientes:

    Ampliar el plazo de pago del Impuesto sobre la Renta, del período de 2019 hasta por 30 días sin intereses ni multas para personas naturales o jurídicas del sector turístico, siempre que el impuesto a pagar sea de hasta $25,000.00.
    Ampliar el plazo de pago del Impuesto sobre la Renta, del período de 2019 hasta por 30 días sin intereses ni multas para personas naturales o jurídicas con pagos de hasta $5,000.00. Y adicional se otorgan ocho cuotas sin recargos, ni intereses.
    Suspensión de contribución especial al turismo (5%) por 3 meses.
    Ampliar plazo para el pago a cuenta del ISR en marzo, abril y mayo. Se otorgaran seis cuotas sin intereses.
    Exención de Impuestos para las donaciones dirigidas al sector público, que estén encaminadas a atender la emergencia.
    Se han diseñado también medidas que tienen componente social, que se describen a continuación:
    Suspensión de pago de cuota de energía eléctrica por 3 meses. Estos pagos se diluirán en 2 años sin que se genere mora, interés o afectación en calidad crediticia.
    Suspensión de pago de cuota de agua por 3 meses. Estos pagos se diluirán en 2 años sin que se genere mora, interés o afectación en calidad crediticia.
    Suspensión de pago de cuota de teléfono, cable e internet, por 3 meses. Estos pagos se diluirán en 2 años sin que se genere mora, interés o afectación en calidad crediticia.
    Suspensión de procesos de desconexión del servicio de agua potable por falta de pago mientras dure la emergencia.
    Congelación de pago de alquileres comerciales durante 3 meses. Estos tres pagos, se diluirán en doce meses, de igual forma sin mora ni afectaciones crediticias.
    Se garantiza que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) cubrirá la incapacidad al trabajador o trabajadora por cuarentena, durante el tiempo requerido para ella.
    El Ministerio de Trabajo y Previsión Social velará por la estabilidad laboral del sector pública y privado para las personas que por causes del COVID19 no puedan asistir a los lugares de trabajo.
    8- Se ha contemplado que la Superitendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva aumenten disponibilidad de fondos para que el Sistema Financiero pueda dar créditos productivos. Esto relacionado con la posibilidad que los salvadoreños puedan obtener soluciones que faciliten pago de deudas, otorgamiento de créditos, consolidación, reestructuración y refinanciamiento de deudas.
    Se congela el cobro de créditos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, capital de trabajo y de emprendimientos durante 3 meses sin aplicar moras ni afectaciones crediticias.
    Se garantiza también que pese a las restricciones y cierres en aeropuertos, y otras medidas, se reconoce que el país se mueve por la economía generada a través del comercio, por lo que se facilitará el flujo de mercancías para abastecer a la población.
    Se dará un bono de USD$150 a las personas de las instituciones de gobierno que trabajan en esta crisis. [1]

El proceso para la ejecución de este plan, se encuentra en desarrollo, este día 20 de marzo, la Asamblea Legislativa  de El Salvador, ha aprobado las propuestas  siguientes:

    Mediante Decreto N°601, se aprobó la suspensión de pago de cuota de agua por 3 meses. Estos pagos se diluirán en 2 años sin que se genere mora, interés o afectación en calidad crediticia. Suspensión de pago de cuota de teléfono, cable e internet, por 3 meses. Estos pagos se diluirán en 2 años sin que se genere mora, interés o afectación en calidad crediticia.
    Suspensión de procesos de desconexión del servicio de agua potable por falta de pago mientras dure la emergencia.
    Mediante el Decreto N°602 aprobado este día, se hacen reformas en la Ley de Protección del Consumidor en relación a cantidades máximas de adquisición de bienes, establecer precios máximos a efectos de impedir acaparamiento y que los consumidores se vean afectados por precios elevados.
    Se establecen mediante el Decreto Legislativo N°603, disposiciones transitorias sobre el tratamiento fiscal de donaciones en este periodo de emergencia nacional.
    Por medio del Decreto Legislativo N°604, se han modificado Arancel Centroamericano de Importación, con la finalidad de movilidad de bienes.
    Se ha creado por el Decreto Legislativo N°605 la creación de Ley de Facilitación de Compras en Línea, para el período de emergencia del COVID19.

VER DICTÁMENES

 Estamos a espera de la publicación de los decretos en el Diario Oficial, y se espera la emisión de los decretos correspondientes con las otras medidas del plan de respuesta gubernamental ante la emergencia del COVID19.

 Estos próximos días, se espera que estén habilitados los portales de las instituciones involucradas con los mecanismos virtuales o telefónicos para que se puedan enlistar en los grupos aplicables.

Lucía Martín
Consortium Legal – El Salvador