El futuro del Compliance: Entrevista con los líderes del octavo Marval Summit Compliance 2025

Marval O’Farrell Mairal - Este jueves 18 de septiembre de 2025, Marval O’Farrell Mairal llevó a cabo la octava edición de su Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations. Este evento, que se ha consolidado como un referente regional, reunió a expertos para analizar los principales desafíos en el ámbito del cumplimiento normativo desde una perspectiva local, regional e internacional.

El encuentro será conducido por los socios de Marval, Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti, quienes aportan su vasta experiencia en derecho penal, administrativo y Compliance. La agenda abordó el impacto del nuevo Código Procesal Penal en las investigaciones internas, así como las tendencias regulatorias de EE. UU. en la era Trump y su influencia en las estrategias anticorrupción en América Latina. El Summit también se centró en los riesgos de ciberseguridad, el papel de los medios de comunicación en la gestión de crisis y los dilemas de integridad en sectores estratégicos como la industria petroquímica, farmacéutica y tecnología.

Desde Latin Counsel tuvimos el honor de conversar con ellos antes de su celebración sobre su rol en este evento y los temas cruciales que se debatirían.

Latin Counsel: Como conductores del Summit, ¿qué objetivo principal se han propuesto alcanzar con esta octava edición del evento?

Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti: El principal objetivo de esta octava edición es generar un espacio de reflexión y debate sobre los desafíos actuales en materia de compliance y anticorrupción, fomentando el intercambio de experiencias entre especialistas de distintas regiones y sectores estratégicos. Buscamos difundir buenas prácticas y fortalecer la cultura de integridad en las organizaciones, adaptándonos a los cambios normativos y a los riesgos emergentes del contexto global.
Sabemos que todos tenemos cada vez menos tiempo, así que diseñamos paneles cortos con figuras que ocupan posiciones clave para que en una mañana todos tengamos contenidos prácticos, concretos y útiles para nuestro día a día posterior.Queremos que cada asistente se lleve información práctica, útil y accionable, que pueda empezar a aplicar en su trabajo desde el día siguiente del evento. Además de un espacio de reflexión, queremos generar una experiencia que deje herramientas reales para mejorar la gestión de compliance, investigaciones y anticorrupción en sus organizaciones.

Latin Counsel: La agenda de la cumbre incluye la integridad en sectores clave como la industria petroquímica,  el sector de pharma y tecnología. ¿Hay algún riesgo de corrupción o Compliance particular que sea más predominante en estas industrias?

Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti: Sin duda, cada una de estas industrias enfrenta desafíos particulares en materia de compliance e integridad. En la industria petroquímica, los procesos de contratación y la gestión de licencias suelen estar expuestos a riesgos de soborno y conflictos de interés. El sector farmacéutico, por su parte, enfrenta dilemas éticos en el desarrollo y comercialización de productos, así como en sus relaciones con profesionales de la salud y entes reguladores. En tecnología, la protección de datos y la ciberseguridad se han vuelto prioridades, y la velocidad de la innovación puede dejar brechas que son aprovechadas por actores maliciosos.
La naturaleza diversa de estos sectores permite analizar cómo los riesgos emergen y evolucionan de forma distinta, pero también evidencia que las buenas prácticas de compliance y la cultura de integridad deben adaptarse constantemente para responder a los retos específicos y globales. Es esta pluralidad la que enriquece el debate y fomenta el aprendizaje cruzado entre participantes de distintas áreas.

Latin Counsel: El evento combina una mirada local, regional e internacional. ¿Qué diferencias principales observan entre la cultura de Compliance en Argentina, el resto de América Latina y los países más desarrollados?

Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti: Sin duda, existen diferencias notables en la cultura de Compliance entre Argentina, otros países de América Latina y economías más desarrolladas. En Argentina y la región, el cumplimiento normativo ha avanzado mucho en la última década, impulsado tanto por reformas legales como por la presión de las casas matrices, en el caso de empresas multinacionales, e inversionistas y socios de negocios.  Muchas veces esta diferencia obedece a restricciones presupuestarias, usualmente los mercados latinoamericanos no son los más grandes y, consecuentemente, tampoco son a los que se le asignan más recursos. La falta de enforcement local tampoco colabora con que el área se desarrolle más. Ello puede ser contradictorio, ya que muchas veces el riesgo, al menos para compañías multinacionales, puede ser mayor.
Entre los desafíos regionales, sobresalen la menor madurez institucional, la falta de recursos y la existencia de contextos de alta informalidad. Esto dificulta la implementación plena de sistemas de Compliance, en contraste con las economías desarrolladas, donde existen estructuras más consolidadas, mayor fiscalización y una ciudadanía que demanda altos estándares éticos a las organizaciones.
No obstante, también se observa una evolución positiva: cada vez más empresas latinoamericanas buscan adoptar buenas prácticas globales, adaptar programas a su realidad y promover una cultura de integridad interna. El intercambio de experiencias en foros como este Summit resulta fundamental para identificar brechas, inspirar mejoras y consolidar una visión de Compliance como valor agregado y no solo como requisito.
Por último, es importante remarcar que, aunque el punto de partida sea distinto, la tendencia global es hacia una convergencia en estándares y expectativas, lo cual desafía a todas las organizaciones a repensar permanentemente sus políticas y compromisos éticos en un entorno dinámico y exigente.

Latin Counsel: ¿Cuál consideran que es la principal barrera para que las empresas latinoamericanas adopten una cultura de compliance sólida, más allá de la mera regulación?

Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti: La principal barrera para que las empresas latinoamericanas adopten una cultura o un programa de Compliance adecuado suele ser la percepción de que el cumplimiento es una carga administrativa más que una inversión estratégica. Muchas organizaciones priorizan la adaptación a regulaciones mínimas y dejan de lado el desarrollo de valores internos de integridad y transparencia, especialmente en entornos donde la informalidad es común y los recursos son limitados. Además, la falta de incentivos externos, como la supervisión efectiva y el reconocimiento público, puede desincentivar la apuesta por una transformación profunda.
La macroeconomía también puede conspirar en contra de una cultura de Compliance robusta. En contextos de volatilidad económica y política, algunas compañías priorizan la supervivencia inmediata frente a la inversión en estructuras de integridad, aunque a largo plazo eso las expone a mayores riesgos.
Sin embargo, la colaboración entre sectores, la capacitación constante y el liderazgo comprometido son factores clave para romper barreras. Promover la visión del Compliance como ventaja competitiva y no solo como obligación ayuda a que la ética se convierta en parte del ADN corporativo, preparando a las empresas para enfrentar de forma resiliente los desafíos actuales y futuros.

Latin Counsel: Esta es la octava edición del Summit. ¿Cómo ha evolucionado el evento a lo largo de los años y qué temas han ganado o perdido relevancia en la agenda?

Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti: A lo largo de sus ocho ediciones, el Summit ha evolucionado junto con el desarrollo de los conceptos de Compliance en Argentina. Hemos pasado de temáticas más generales a el tratamiento de cuestiones más puntuales, reflejando los cambios sociales, tecnológicos y regulatorios que impactan las prácticas de Compliance e integridad. Temas como la inteligencia artificial y la ciberseguridad han ido ganando protagonismo, mientras que otras temáticas más tradicionales, han cedido espacio ante debates más innovadores y desafíos coyunturales.
Es difícil decir que haya temas que hayan perdido relevancia en la agenda, porque la verdad es que la importancia del Compliance nunca estuvo en discusión. Si algo ocurrió en estos años, fue que su peso creció. Lo que sí vemos es una evolución natural. Los temas no se "caen" de la agenda, sino que se transforman a medida que cambia la práctica y aparecen nuevas herramientas y riesgos. Hoy estamos conversando de cuestiones que hace un tiempo simplemente no existían, como el apalancamiento de la tecnología para escalar funciones de Compliance, la inteligencia artificial como aliada en la implementación de culturas de cumplimiento y en la detección temprana de riesgos, o la protección de activos intangibles en entornos digitales cada vez más complejos. En ese sentido, la agenda del Summit es un reflejo de esa evolución. Mantiene los fundamentos pero los reinterpreta a la luz de las nuevas realidades operativas y regulatorias, para que lo que discutimos sea útil y aplicable en el día a día.
Esta transformación demuestra la capacidad del evento para adaptarse a las tendencias emergentes y responder a las necesidades reales de las organizaciones y profesionales. El enfoque dinámico en la agenda asegura que el Summit siga siendo un espacio relevante para el aprendizaje y el intercambio.

Latin Counsel: Con más de 20 speakers de distintos ámbitos, ¿qué criterio utilizan para seleccionar a los panelistas y qué buscan que su diversidad de experiencias aporte al público?

Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti: La selección de speakers para el Summit es un proceso largamente planificado, donde se prioriza la pluralidad de voces, trayectorias y perspectivas. Buscamos que cada panelista aporte una visión única, ya sea desde el sector privado, el ámbito público, la consultoría o la academia, logrando así un debate enriquecedor y diverso.
El foco siempre lo ponemos en lo que puede llevarse como enriquecimiento cada asistente, buena práctica, novedad, enfoque, tácticas. No buscamos que éste sea un ámbito académico ni teórico, sino que cada una de las personas que concurren al evento o que lo ven por streaming puedan sentir que han escuchado algo nuevo, aprendido algo o desafiado algún concepto anterior.

Latin Counsel: El nuevo Código Procesal Penal es un tema central. ¿Por qué es tan crucial que las empresas entiendan su impacto ahora mismo en sus investigaciones internas?

Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti: La implementación del nuevo Código Procesal Penal marca un hito para las organizaciones, ya que redefine los procedimientos y responsabilidades en las investigaciones internas. Todos esperamos no tener que enfrentar una instancia judicial en una investigación de corrupción, pero ello puede pasar y para estar preparados, la comprensión del nuevo Código Procesal Penal es fundamental, ya que introduce cambios que pueden afectar desde la recolección de pruebas hasta la relación con las autoridades judiciales.
El nuevo Código Procesal Penal trae un cambio de paradigma en la investigación criminal en Argentina: desplaza el eje hacia un sistema acusatorio donde la parte que afirma (fiscal o querellante) carga con la prueba, y la defensa debe producir prueba eficaz para contrarrestar ese caso. Dicho simple: sea como querellantes o como imputados, personas físicas y jurídicas van a tener que sostener con evidencia lo que alegan.
Eso convierte a la actividad probatoria privada en algo que ya no es solo útil, sino indispensable si una compañía se ve obligada a litigar. Implica llegar preparados con investigaciones internas bien diseñadas (cadena de custodia, entrevistas, documentación y trazabilidad), capacidad de responder rápido y conocimiento de las reglas que regulan la obtención y el uso de esa prueba para que sea válida y efectiva.
Por eso, el espíritu del Compliance Summit es poner este tema en agenda ahora: las empresas deben entender que, a partir de este cambio, enfrentar un proceso penal demandará una producción probatoria más intensiva y técnicamente correcta. Prepararse hoy marca la diferencia entre gestionar un incidente o quedar a merced del impulso fiscal.
Anticiparse a su impacto permite a las empresas fortalecer sus protocolos de Compliance y estar listas ante eventuales incidentes, minimizando riesgos legales y reputacionales. Por eso, resulta crucial que las áreas legales y de cumplimiento se mantengan actualizadas y que se preparen proactivamente para este nuevo escenario normativo.

Latin Counsel: El evento aborda los riesgos de ciberseguridad en programas de Compliance. ¿Cuál es, en su opinión, la amenaza digital más subestimada que enfrentan las empresas de la región?

Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti: En el contexto actual, los programas de Compliance se ven cada vez más amenazados por riesgos digitales que evolucionan con rapidez. Una de las amenazas más subestimadas en la región es la ingeniería social avanzada, que explota la confianza de las personas para acceder a información sensible o vulnerar los sistemas, pasando muchas veces inadvertida frente a los controles tecnológicos tradicionales.
Otra amenaza que en nuestra experiencia es muy subestimada es la que proviene de adentro de las propias organizaciones: empleados, ex empleados o incluso terceros vinculados como proveedores que tienen acceso legítimo a sistemas y datos. Muchas veces las empresas invierten fuertemente en firewalls, software de detección de intrusiones o soluciones tecnológicas de punta, pero descuidan aspectos básicos como la gestión de accesos, controles internos y cultura organizacional.Además, la tendencia a conectar múltiples dispositivos y sistemas incrementa los puntos de exposición a ciberataques. La educación y concientización de los equipos, junto con la actualización constante de protocolos de seguridad, resultan fundamentales para identificar y mitigar estos riesgos, fortaleciendo la resiliencia organizacional frente a escenarios digitales cada vez más complejos. De hecho, en Marval y gracias al arduo trabajo de nuestro equipo de Tecnología, liderado por Gustavo Giay, Diego Fernández y Manuela Adrogué, hemos podido certificarnos bajo la norma ISO 27.001.

Latin Counsel: El summit ofrece modalidades presencial y por Streaming. ¿Qué valor añadido buscan ofrecer a los asistentes presenciales con las actividades exclusivas de Networking?

Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti: El formato presencial se destaca por permitir a quienes asisten entablar relaciones directas, compartir experiencias y generar vínculos profesionales que trascienden el evento mismo.
El valor añadido consiste en crear una comunidad activa y colaborativa, donde el intercambio cara a cara fomenta debates más profundos y la generación de oportunidades concretas de cooperación entre especialistas de distintas áreas.

Latin Counsel: A menudo se habla de la necesidad de una mayor colaboración. ¿Qué desafíos y oportunidades concretas ven en la cooperación entre el sector público y el privado para combatir la corrupción?

Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti: La colaboración entre el sector público y privado es esencial para combatir la corrupción, pero no está exenta de desafíos. Existen obstáculos como la falta de confianza mutua, diferencias de enfoques y posibles barreras regulatorias que pueden dificultar el trabajo conjunto. Sin embargo, los espacios de diálogo y la construcción de canales transparentes abren oportunidades para unificar criterios, fomentar certezas, compartir buenas prácticas y potenciar la eficacia de los programas de integridad.
A medida que ambos sectores reconocen la importancia de actuar coordinadamente, pueden diseñar estrategias más robustas, impulsar la innovación en controles y generar un impacto positivo en la cultura organizacional y social. Fomentar la confianza, el intercambio de información y la formación conjunta se vuelve clave para fortalecer sistemas de prevención y respuesta ante la corrupción.

Latin Counsel: En su visión, ¿dónde ven el futuro del Marval Summit en los próximos años? ¿Planean expandir el formato o los temas a tratar?

Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti: El evento se perfila como un espacio con gran potencial de crecimiento, tanto en la diversidad de sus temáticas como en su alcance regional. A medida que las necesidades del sector evolucionan, resulta natural pensar en sumar modalidades híbridas, nuevas herramientas tecnológicas y contenidos que reflejen los desafíos emergentes en compliance, integridad y ética empresarial.
Nosotros buscamos que los temas del Summit sean actuales y relevantes, directamente vinculados con los problemas que nuestros clientes enfrentan hoy o podrían enfrentar en el curso normal de sus operaciones. Para lograrlo, seguimos muy de cerca lo que ocurre en el mercado, escuchamos de manera sistemática las necesidades concretas de las compañías y prestamos atención a los criterios y expectativas de las autoridades regulatorias y judiciales. Con esa lectura integrada definimos el formato y la agenda del Summit, con la idea de que sea un espacio que ayude a anticiparse, no solo a reaccionar, y que ofrezca herramientas que puedan ponerse en práctica de inmediato.

Latin Counsel: Considerando la situación económica y política actual, ¿por qué es tan importante que un evento de esta naturaleza se realice en este momento?

Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti: Nosotros estamos muy esperanzados en que Argentina continúe en su camino de recuperación económica y sea anfitriona de nuevas inversiones en diversas áreas. Para que esas inversiones sean de calidad y sustentables, la transparencia cobra especial relevancia.
En este contexto, el Summit brinda un espacio de reflexión y actualización frente a desafíos que evolucionan con rapidez. En este contexto es vital estar al día con las tendencias más actuales, compartir estrategias y fortalecer redes. Para acompañar y estar a la altura del desarrollo económico, resulta esencial para anticipar riesgos y encontrar soluciones innovadoras.
Además, el Summit fomenta el diálogo entre quienes enfrentan problemáticas similares, ofreciendo herramientas prácticas que pueden ser aplicadas de inmediato en las organizaciones. Esto no solo contribuye a la resiliencia institucional, sino que también promueve una cultura de integridad y colaboración que trasciende coyunturas, preparando a las empresas para afrontar escenarios cambiantes con mayor solidez.

Latin Counsel: El Compliance está en constante cambio. ¿Qué papel creen que jugarán tecnologías como la inteligencia artificial en la futura evolución de los programas de cumplimiento?

Andrés O’Farrell y Lorena Schiariti: Todo permite augurar que el avance de tecnologías como la inteligencia artificial va a transformar radicalmente todas las tareas de Compliance, desde los aspectos preventivos como a todo lo referente al manejo de crisis, investigaciones, etc.
Estas herramientas permiten automatizar procesos de monitoreo, analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, detectar patrones inusuales y anticipar posibles riesgos de forma más eficaz que los métodos tradicionales.
Sin embargo, la incorporación de inteligencia artificial también trae nuevos desafíos: es necesario asegurar la transparencia de los algoritmos, evitar sesgos y garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos. Por ello, el futuro del compliance combinará la innovación tecnológica con una mirada ética y estratégica, donde la capacitación y la supervisión humana seguirán siendo fundamentales para lograr resultados sólidos y sostenibles.
Así, la intervención profesional deberá ser cada vez más precisa y sofisticada.

Latin Counsel: Lorena, con más de 28 años de trayectoria en Marval, ¿qué la llevó a especializarse en derecho administrativo y Compliance, áreas que se complementan cada vez más?

Lorena Schiariti: Mi especialidad de base desde la universidad fue el derecho administrativo, área en la que sigo trabajando y aprendiendo todos los días, pero en mi trabajo en Marval siempre tuve la suerte de interactuar con muchos clientes multinacionales, sujetos a regulaciones extrajeras muy exigentes, que me fueron consultando por cuestiones de Compliance, cuando ese término era casi desconocido en Argentina. Así, una parte muy importante de mi trabajo empezó a estar directamente vinculada con la adaptación de políticas globales a la legislación argentina, opiniones legales sobre interacción con funcionarios públicos, régimen de incompatibilidades, obsequios, donaciones, procedimientos de contratación pública.
Así, el primer disparador fue la propia práctica. A ello se sumó la profunda transformación que han experimentado las relaciones entre el sector público y privado en los últimos años. El derecho administrativo ofrece las herramientas para comprender y gestionar el impacto de la regulación en la actividad empresarial, mientras que el Compliance permite anticipar riesgos y fomentar una cultura de integridad. Ambas materias, lejos de ser compartimentos estancos, hoy se entrelazan y exigen una visión integral para acompañar el crecimiento de las organizaciones en contextos cada vez más complejos.
A lo largo de mi trayectoria, he comprobado que la combinación de posiciones técnicamente sólidas y el compromiso ético es clave para generar confianza entre las partes interesadas y brindar soluciones efectivas ante los desafíos actuales. El trabajo en estas áreas demanda actualización constante y la capacidad de interpretar el entorno para ofrecer respuestas innovadoras y sostenibles, alineadas con los principios de transparencia y legalidad.

Latin Counsel: El Summit destaca la importancia de la integridad en la interacción con funcionarios públicos. ¿Cuál es la principal preocupación de las empresas en materia de contratación pública en Argentina?

Lorena Schiariti: La principal preocupación de las empresas en materia de contratación pública en Argentina radica en gestionar el riesgo de integridad y transparencia durante todo el proceso, desde la licitación hasta la ejecución contractual. Muchas veces el principal desafío es acceder al marco regulatorio y, en particular cuando se trata de contrataciones directas, conocer si están dadas las condiciones para proceder de esa forma. Las regulaciones cambiantes, las diferentes regulaciones en las distintas jurisdicciones e incluso frente a diferentes entes de la misma jurisdicción y la necesidad de cumplir con estándares cada vez más exigentes, exigen que las organizaciones cuenten con controles robustos, hagan su propio due diligence de la contratación y cuenten con programas de capacitación continua para su personal, en particular sus equipos de ventas y para los terceros con los que colaboran, ya que en ese ámbito pueden tener un punto ciego respecto al cumplimiento de la normativa aplicable.
A ello se suma la importancia de fortalecer la trazabilidad de las decisiones y documentar cada paso, anticipándose a eventuales auditorías o investigaciones. Las empresas que pueden demostrar un compromiso genuino con la integridad logran posicionarse mejor ante los organismos públicos y favorecen relaciones de confianza a largo plazo, minimizando riesgos reputacionales y sanciones legales.

Latin Counsel: Usted tiene experiencia en los sectores de infraestructura, servicios públicos y actividades reguladas en general. ¿Cuáles son los riesgos de Compliance más comunes que observa en estas actividades tan reguladas?

Lorena Schiariti: En los sectores de infraestructura y servicios públicos, los riesgos de Compliance más frecuentes suelen estar relacionados con el cumplimiento de normas específicas, la gestión adecuada de licencias y permisos, y la interacción constante con organismos reguladores. Estas industrias operan bajo un marco de regulación estricto y cambiante, donde cualquier desviación puede implicar sanciones importantes, daños reputacionales o incluso la suspensión de operaciones. Además, la presión por mantener la transparencia y la trazabilidad en la toma de decisiones obliga a las empresas a robustecer sus controles internos y procesos de documentación.
Por otro lado, la complejidad de los contratos públicos y privados, así como la necesidad de prevenir conflictos de intereses, genera desafíos adicionales. La capacitación continua de los equipos y la actualización de políticas de Compliance son fundamentales para anticipar riesgos, adaptarse a nuevas exigencias regulatorias y garantizar que la actividad se realice de acuerdo con los más altos estándares de integridad y legalidad. Estas medidas ayudan a las organizaciones a construir relaciones de confianza con sus contrapartes y a navegar con éxito en entornos altamente regulados.

Latin Counsel: Usted ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su trabajo. ¿Cómo influyen estas distinciones en la percepción que tienen los clientes sobre la importancia del derecho administrativo y del Compliance?

Lorena Schiariti: En primer lugar, hay que destacar que estos reconocimientos, cuando se obtienen desde una institución como Marval, no son solo el esfuerzo de la dedicación personal, sino también fruto del trabajo en equipo y las facilidades que genera contar con especialistas de todas las áreas del derecho dentro de la misma institución.
Así, si bien el manejo del derecho administrativo me otorga una ventaja en todo lo relacionado con la interacción con funcionarios y la contratación administrativa, la posibilidad de contar con los mejores colegas en materia de IT, datos personales,
Estos logros tienden a generar confianza y credibilidad ante quienes buscan asesoría legal especializada, evidenciando el compromiso con ciertos estándares de calidad profesional, ética y la actualización constante

Latin Counsel: Como profesora en diversas universidades, ¿qué rol cree que tiene la academia en la formación de la próxima generación de expertos en la materia?

Lorena Schiariti: No es común que las universidades incluyan en su curricula de grado alguna materia de Compliance, con lo cual hoy la formación de los profesionales depende casi exclusivamente de cursos de especialización.
La academia desempeña un papel fundamental en el desarrollo de especialistas en Compliance, ya que proporciona las bases teóricas y prácticas necesarias para enfrentar los desafíos cambiantes de la regulación y la ética empresarial. A través de programas como diplomaturas, cursos y seminarios, se fomenta la actualización constante y se impulsa el pensamiento crítico, dotando a nuevas generaciones de abogados de las herramientas para analizar casos complejos y diseñar políticas efectivas.
Además, el entorno académico promueve el intercambio de experiencias entre docentes y estudiantes, enriqueciendo la formación profesional y contribuyendo a la creación de redes que facilitan la colaboración interdisciplinaria. De este modo, la academia no solo transmite conocimientos, sino que también inspira vocaciones y consolida valores esenciales para la integridad y la transparencia en el mundo corporativo.

Latin Counsel: El evento abordará las tendencias regulatorias de EE. UU. y su impacto en América Latina. ¿Cómo influyen las normativas como la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) en la forma en que las empresas de la región implementan sus programas de Compliance?

Lorena Schiariti: Las normativas estadounidenses, como la FCPA, y en general la normativa extranjera con vocación de aplicación extraterritorial, ha generado un efecto disparador en América Latina, impulsando a empresas de la región a fortalecer sus sistemas de Compliance y adoptar estándares internacionales más rigurosos. La obligación de prevenir el soborno y la corrupción en general, junto con la necesidad de documentar y rastrear cada decisión relevante, ha llevado a una profesionalización acelerada en la gestión de riesgos y controles internos.
Este contexto también ha motivado una mayor capacitación, la actualización constante de políticas internas y la integración de tecnologías para la detección de irregularidades. Las empresas que han entendido el impacto regulatorio global y han adaptado sus programas a estas exigencias, logran no solo minimizar el riesgo de sanciones, sino también posicionarse como aliados confiables ante clientes, socios y autoridades internacionales.
De hecho, en los países de América latina en los que aún no abunda doctrina y jurisprudencia sobre estas cuestiones, la experiencia y los precedentes extranjeros son una fuente constante de análisis y comparación. Por eso, entender hacia donde van las autoridades norteamericanas siempre es relevante para América Latina.

Latin Counsel: Andrés, su carrera ha evolucionado del derecho penal tradicional a una especialización en investigaciones internas y Compliance. ¿Qué le motivó a dar este giro profesional?

Andrés O’Farrell: La verdad es que no lo viví como un giro drástico, sino más bien como una evolución natural. Yo sigo muy involucrado en la práctica del derecho penal tradicional -a falta de mejor término-, pero con el tiempo empecé a trabajar cada vez más en temas de Compliance e investigaciones internas. Esto se dio porque el mercado fue cambiando: cuando yo empecé, el derecho penal corporativo era muy reactivo, se trabajaba principalmente cuando surgía un incidente. Hoy, en cambio, la prevención y la gestión de riesgos se volvieron centrales, y los clientes esperan que podamos acompañarlos también en esa dimensión. Entonces, fue un proceso bastante orgánico: el negocio evolucionó, las necesidades de los clientes cambiaron, y nosotros fuimos acompañando ese cambio."

Latin Counsel: Usted trabajó en un estudio líder de derecho penal en Buenos Aires y como asociado extranjero en Uría Menéndez en España. ¿Qué diferencias clave encontró en la práctica legal entre ambos países?

Andrés O’Farrell: La verdad es que las diferencias eran menos importantes que las semejanzas. No diría que había contrastes sustanciales. De hecho, mi paso por Uría Menéndez tuvo mucho que ver con eso: me interesaba ver de cerca cómo un estudio con una tradición fuertemente corporativa había logrado incorporar un departamento de derecho penal empresarial, y cuáles habían sido los principales desafíos para generar una práctica exitosa en ese terreno. Más que notar diferencias, lo que encontré fue un camino común: la necesidad de integrar el derecho penal a la lógica de los negocios, de manera coordinada con otras áreas, para dar un servicio verdaderamente integral al cliente.
España y Argentina comparten un sistema de raíz continental -con jueces de instrucción, audiencias de juicio oral y una cultura jurídica muy similar-, así que la adaptación fue natural. Pero, honestamente, a mí me interesaba más otra cosa: cómo un estudio con tradición corporativa había integrado una práctica penal empresarial sólida.

Latin Counsel: La protección de activos intangibles, como secretos comerciales, es una de sus áreas de especialización. ¿Qué tan preparadas están las empresas en Argentina para enfrentar las amenazas de ciberseguridad y las estafas en este ámbito?

Andrés O’Farrell: La protección del conocimiento y de los activos intangibles es un tema que realmente me preocupa y casi me desvela. Si tuviera que hacer un diagnóstico, diría que el nivel de preparación empresarial es muy disímil. Hay compañías con prácticas y procesos muy sofisticados para resguardar su know-how y su información comercial sensible, y otras que, sorprendentemente, aun siendo intensivas en capital intelectual, ni siquiera tienen el tema en el radar.
De todas formas, lo que más me inquieta no es tanto la preparación o no de las empresas, sino las deficiencias de nuestro marco penal para proteger esos intangibles. Hoy no contamos con un sistema que sancione la violación de secretos y la apropiación de información confidencial con la rigurosidad proporcional al daño que pueden generar estas conductas. Y eso choca de frente con el objetivo estratégico de país que siempre se proclama: convertir a la Argentina en un polo para la economía del conocimiento.
Si queremos atraer y consolidar empresas basadas en conocimiento, no alcanza con un buen régimen laboral, previsibilidad tributaria y estabilidad macro. Hace falta también un sistema penal moderno y efectivo que desincentive de verdad el espionaje corporativo, la fuga de información y la apropiación indebida de secretos comerciales. Ahí veo la gran asignatura pendiente: seguimos con normas desactualizadas y penas muy leves frente a ataques que pueden destruir valor de manera masiva.

Latin Counsel: Como experto en delitos fiscales y aduaneros, ¿cree que los programas de compliance en Argentina están lo suficientemente desarrollados para mitigar estos riesgos de manera efectiva?

Andrés O’Farrell: Acá diría algo muy similar a lo que comenté antes: la robustez de los programas de Compliance varía muchísimo entre compañías. Hay organizaciones con prácticas muy sólidas, con compromiso real del directorio, reglas claras, capacitación continua y controles que están efectivamente integrados en la operación diaria. Y hay otras que, aunque tienen políticas escritas, no las bajaron a la práctica: faltan procesos, métricas, responsables y evidencia de implementación.
Dicho esto, hay un punto jurídico clave: en el fuero penal económico, para atribuir responsabilidad a una persona jurídica se exige demostrar un déficit de organización. Y el primer termómetro para evaluar si existió o no ese déficit es el programa de Compliance: su diseño, su implementación, su eficacia y su trazabilidad. Por eso, un programa robusto y eficaz, que se pueda probar que estaba implementado y funcionando se convierte en una herramienta de defensa muy poderosa en investigaciones por delitos fiscales y aduaneros.
No puedo hacer un diagnóstico transversal del mercado porque la realidad es muy disímil, pero sí puedo afirmar que donde hay programa serio y operativo, hay mejor prevención y, llegado el caso, mejor posición defensiva frente a una imputación por déficit organizacional.

Latin Counsel: La Asociación Argentina Anti-Piratería es una de sus membresías. ¿Qué papel juegan los abogados en la lucha contra la piratería y el fraude a nivel nacional y regional?

Andrés O’Farrell: Creo que el sector privado juega un papel crítico y, de hecho, la Asociación Argentina Anti-Piratería es una prueba cabal de que la colaboración público-privada funciona cuando hay interacción abierta, honesta, transparente y de buena fe. En materia de infracción marcaria y propiedad intelectual, las fiscalías y los jueces cuentan con el compromiso del titular del derecho para impulsar la investigación y sostener la acción penal.
Desde la Asociación hacemos un trabajo de acompañamiento a las autoridades que es realmente muy positivo. Estas investigaciones suelen ser altamente específicas según el producto, el servicio o la industria; por eso, no solo es lógico que el damnificado se involucre, sino que muchas veces es indispensable: la información técnica, los patrones de distribución, los puntos de vulnerabilidad y los indicadores de autenticidad solo los tiene la compañía afectada. Sin ese insumo, la investigación difícilmente prospere.
En síntesis, hay una necesidad estructural de interacción entre el sector público y el privado para investigar y perseguir estos delitos con eficacia, y esa articulación funciona muy bien en el marco de la Asociación. Diría, además, que es una de las principales plataformas del país dedicadas a la protección de activos intangibles, un tema que debería estar más "arriba" en la agenda de prioridades del Estado si queremos proteger inversión, empleo e innovación.

Latin Counsel: Usted cursó un Executive MBA en la London School of Economics. ¿Cómo ha complementado esta formación su perspectiva legal, especialmente en la intersección del derecho y las políticas públicas?

Andrés O’Farrell: Me sirvió muchísimo por dos razones. Primero, me dio una aproximación macro: dejar de mirar siempre el caso concreto para adoptar una visión sistémica. Entender cómo se diseñan, implementan y evalúan políticas públicas me permitió ver el Compliance no solo como reacción ante incidentes, sino como parte de un sistema de gestión de riesgos.
Segundo, ese enfoque es trasladable al sector privado.
En Compliance, además de investigar casos, responder a incidentes y eventualmente litigar en el fuero penal, hay muchísimo de prevención, comunicación y desarrollo de políticas internas. Haber estudiado la lógica de gestión del sector público me ayudó a ordenar mejor los programas corporativos: fijar objetivos claros, alinear incentivos, definir responsables, medir resultados y comunicar de manera efectiva. En síntesis, el MBA me dio una caja de herramientas de gestión que complementa muy bien la práctica legal y mejora la efectividad del Compliance en la empresa.

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