Pérez-Llorca e IE examinan la nueva regulación europea de sostenibilidad

Pérez-Llorca celebró en Madrid una nueva sesión de la Cátedra Pérez-Llorca/IE titulada "La reforma de las Directivas CSRD y CSDDD: un nuevo marco para la información sobre sostenibilidad y la diligencia debida empresarial". El encuentro examinó el escenario jurídico resultante tras la publicación de la Directiva 2026/470 en el Diario Oficial de la Unión Europea el 26 de febrero de 2026.

La sesión fue moderada por José María de Paz, socio de ESG y Regulación del Cambio Climático de Pérez-Llorca, y contó con la participación de Ana Puente, subdirectora general de Finanzas Sostenibles y Digitales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); Juan Carlos Delrieu, director de la Oficina ASG del Banco de España; Marco Masip, director de Estrategia ESG y Reporting de Telefónica; y Sara Sánchez, profesora agregada y directora del Departamento de Derecho Privado de IE Law School.

Durante la jornada, los participantes analizaron cómo la Directiva 2026/470 reduce el alcance de determinadas obligaciones de sostenibilidad corporativa e introduce cambios relevantes en la disponibilidad y calidad de la información. El debate se centró en la simplificación normativa de las Directivas CSRD y CSDDD y en la reducción sustancial del número de sociedades sujetas a obligaciones de reporte.

La mesa redonda abordó asimismo las consecuencias técnicas y jurídicas derivadas de la reforma. Santiago Durán advirtió sobre los riesgos de revisar un marco regulatorio antes de su plena aplicación y señaló que la reducción del alcance y las limitaciones en la verificación generan interrogantes sobre la capacidad del sistema para ofrecer una imagen fiel y consistente de la información de sostenibilidad.

Por su parte, Sara Sánchez analizó las implicaciones jurídicas de la reforma sobre el régimen de diligencia debida empresarial y destacó que el proceso de simplificación supone una profunda reconfiguración del régimen de responsabilidad civil. Según indicó, la fragmentación de las normas aplicables puede incrementar la complejidad y la inseguridad jurídica para las empresas.

Los participantes también examinaron las consecuencias de la reducción del perímetro regulatorio, que podría situar el número de sociedades obligadas a reportar información de sostenibilidad en un rango aproximado de entre 300 y 600 empresas. Asimismo, coincidieron en señalar que la sucesión de cambios regulatorios antes de que el marco inicial pudiera desplegarse plenamente ha generado incertidumbre y dificultado la planificación empresarial.

Juan Carlos Delrieu destacó las implicaciones que una menor disponibilidad de información puede tener para la supervisión financiera y la gestión de riesgos. Subrayó que la simplificación de la divulgación de información de sostenibilidad no debe interpretarse como una desregulación y advirtió que la reducción del reporte corporativo puede limitar los datos que las entidades financieras necesitan para identificar, medir y gestionar riesgos, con potenciales implicaciones para la estabilidad financiera.

Marco Masip puso el foco en la necesidad de que los marcos de información respondan a las necesidades reales de los distintos grupos de interés y aporten valor efectivo a las organizaciones. En este sentido, señaló que el desafío no radica únicamente en la cantidad de información reportada, sino en garantizar su utilidad para quienes la utilizan.

El debate también puso de manifiesto la necesidad de avanzar hacia modelos de reporte que aseguren la utilidad de la información, la proporcionalidad de las obligaciones y la seguridad jurídica para los distintos actores implicados.

Ana Puente centró su intervención en el papel de la colaboración público-privada para la implementación del marco europeo de finanzas sostenibles en España. Indicó que las finanzas sostenibles constituyen una herramienta para impulsar la transformación de la economía real frente a los riesgos climáticos y reforzar la competitividad empresarial. Asimismo, señaló que, pese a la reducción del número de compañías obligadas a reportar información de sostenibilidad tras el resultado de Ómnibus, existen incentivos y mecanismos que pueden fomentar el reporte voluntario cuando existe un retorno claro. Como ejemplo, destacó Eco-Track, una iniciativa impulsada en el seno del Consejo de Finanzas Sostenibles que permite a las pymes identificar información de sostenibilidad útil para que las entidades financieras cumplan con las expectativas supervisoras en materia de gestión de riesgos climáticos.

Durante el coloquio también se abordó el papel de los estándares voluntarios de reporte y la necesidad de desarrollar guías e incentivos que faciliten la generación de información útil, comparable y proporcionada para las empresas que quedarán fuera del nuevo perímetro regulatorio.

A través de la Cátedra Pérez-Llorca/IE, Pérez-Llorca reafirmó su compromiso de acompañar a sus clientes en el cumplimiento regulatorio y en la adaptación a los principales desarrollos normativos de la Unión Europea.

perez-llorca.com