El comercio internacional en la era Trump: la guerra de los aranceles

InLaw Alliance - La reelección del presidente Donald J. Trump ha provocado una profunda reestructuración del comercio internacional. Fiel a su estilo imponente y nacionalista, el mandatario estadounidense ha reactivado una antigua herramienta de presión económica: los aranceles. Fue así como, el 2 de abril de 2025, a través del Decreto Presidencial 14257, titulado "Regulación de las importaciones con un arancel recíproco para corregir las prácticas comerciales que contribuyen a los grandes y persistentes déficits comerciales de bienes de Estados Unidos", se dio inicio formal a una nueva guerra comercial a escala global.

Este decreto impone aranceles recíprocos y adicionales a más de 90 naciones, en un intento deliberado por remodelar el balance comercial de los Estados Unidos, fortalecer su producción interna y ejercer influencia geopolítica mediante su poder económico.

La estrategia arancelaria de Trump descansa sobre tres pilares fundamentales:
1) Reactivar e incrementar la producción nacional, priorizando a los fabricantes estadounidenses, incentivando la relocalización de la manufactura y generando nuevos empleos, lo que, en teoría, impulsaría el crecimiento económico doméstico.
2) Nivelación de las condiciones comerciales, argumentando que Estados Unidos sufre un déficit comercial injusto, derivado de una asimetría arancelaria: sus productos de exportación enfrentan altas barreras en el extranjero, mientras que su mercado interno permanece ampliamente abierto para las importaciones.
3) Influir en la política internacional, utilizando los aranceles como herramienta de presión para alinear a aliados y adversarios con los intereses estratégicos de Washington, castigando a quienes se desvíen de su órbita de influencia.

No obstante, el primer objetivo resulta complejo de materializar. La relocalización industrial implica inversiones millonarias, largos plazos y desafíos estructurales como la escasez de mano de obra calificada y el aumento de los costos de producción. Todo ello podría traducirse en un incremento de precios para el consumidor final, afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos estadounidenses.

A pesar de las dificultades inherentes al primer pilar, el decreto ha tenido un impacto inmediato en los otros dos frentes: ha colocado a los principales socios comerciales de EE. UU. en posición de renegociación, obligándolos a replantear acuerdos comerciales bajo la amenaza de aranceles punitivos. En consecuencia, varios países se apresuraron a entablar conversaciones para mitigar su impacto, logrando que los aranceles quedaran en suspenso y entraran en vigor hasta en agosto del presente año.

Uno de los casos más relevantes ha sido el de un viejo aliado, la Unión Europea (UE). Trump amenazó con imponer un arancel del 30% a los productos provenientes del bloque. Tras intensas negociaciones, se acordó una tarifa del 15%, con excepciones clave. A cambio, la UE se comprometió a adquirir energía estadounidense por un valor de 750 mil millones de dólares, reduciendo así su dependencia energética de Rusia. Además, se pactó una inversión europea de 600 mil millones de dólares en territorio norteamericano, sin detalles específicos sobre su destino sectorial.
Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se acordó eliminar los aranceles bilaterales sobre una lista de bienes esenciales, incluyendo aeronaves y sus repuestos, productos agrícolas, equipos de semiconductores y materias primas estratégicas. No obstante, sectores clave como el automotriz y farmacéutico quedaron excluidos, generando inquietud entre los industriales europeos.

Respecto a China, su principal competidor comercial, Trump amenazó con imponer un arancel del 145% a diversas importaciones. Esta medida llevó al presidente Xi Jinping a la mesa de negociación. El acuerdo resultante incluye la suspensión de los controles a la exportación de minerales raros de los cuales China tiene el monopolio por un período de un año. A cambio, Estados Unidos redujo los aranceles a ciertos productos químicos y eximió de gravámenes a mercancías agrícolas como el café, el té y las frutas. Sin embargo, el arancel del 25% sobre los muebles importados desde China se mantuvo, afectando a numerosas empresas estadounidenses. Pekín, por su parte, anunció que ajustará sus contramedidas, respetando las exenciones pactadas.

En el caso de Japón, otro aliado clave, se pasó de una amenaza inicial del 25% a una tarifa del 15% para todos los productos exportados a EE. UU. A cambio, Tokio se comprometió a invertir 500 mil millones de dólares en territorio estadounidense y a abrir su mercado a las industrias automotriz y agrícola norteamericanas, sectores clave para la agenda de Trump.

En Latinoamérica, la política arancelaria ha servido tanto como instrumento comercial como de presión política. A pesar de existir un tratado de libre comercio con México y Canadá, Trump impuso un arancel del 35% a Canadá y del 25% a México, eximiendo únicamente los productos amparados por el acuerdo vigente. En el caso mexicano, se redujo posteriormente al 15%, tras el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de intensificar la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal.

El país más afectado ha sido Brasil, castigado con un arancel del 50%, con excepción de 700 productos. La medida responde, según analistas, a una represalia política por el actual gobierno brasileño respecto al expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Por el contrario, naciones como Argentina, Guatemala, El Salvador y Ecuador han sido premiadas con acuerdos preferenciales por su alineamiento político. Por ejemplo, Argentina reducirá aranceles a maquinaria estadounidense, mientras que EE. UU. eliminará gravámenes a sus importaciones de recursos naturales. Ecuador, por su parte, accedió a reducir aranceles a vehículos estadounidenses, obteniendo a cambio ventajas arancelarias para su exportación de plátanos.

La política arancelaria de Trump, aunque polémica, ha demostrado ser una herramienta efectiva para reposicionar a Estados Unidos como un actor dominante en el escenario económico global. Sin embargo, plantea serias interrogantes: ¿puede un país sostener relaciones comerciales en función de lealtades políticas? ¿Hasta qué punto estas tácticas proteccionistas pueden derivar en una fragmentación del comercio internacional y afectar la estabilidad jurídica de los tratados comerciales vigentes?

La historia nos ha enseñado que el comercio no solo mueve bienes, sino que también es un vehículo de diplomacia, cooperación y estabilidad. Si los aranceles se convierten en armas políticas, corremos el riesgo de contaminar los principios que han sostenido el orden económico global durante décadas.

Autor: Antonio Jose Guillen Villegas, de Guillen & Guillen Abogados

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