Costa Rica aprueba ley de servicios digitales y comercio electrónico

Arias | El 16 de abril de 2026, fue aprobado en segundo debate el proyecto de Ley de Gobernanza de los Servicios Digitales y el Comercio Electrónico en Costa Rica. Esta normativa constituye el primer marco regulatorio integral en la materia para el país. La ley entrará en vigor 12 meses después de su publicación en el diario oficial La Gaceta, otorgando un periodo de transición para la adecuación operativa de las empresas.

Alcance y ejes fundamentales
La legislación vincula a personas físicas o jurídicas que dirijan servicios digitales al mercado costarricense, incluyendo a proveedores internacionales. La normativa se estructura sobre los siguientes ejes:

• Comercio Electrónico: Se imponen estándares de transparencia que exigen la identificación completa del comerciante, desglose total de precios y confirmación previa de transacciones. Se prohíbe el uso de "patrones oscuros" que induzcan a decisiones no deseadas.
• Responsabilidad de Intermediarios: Plataformas, motores de búsqueda y proveedores de hosting deberán implementar mecanismos de reporte de contenido ilícito y sistemas de reclamación. Se introduce un régimen de limitación de responsabilidad (safe harbor) sujeto al cumplimiento de requisitos legales.
• Privacidad y Datos Personales: Se prohíbe el uso de datos de menores de 13 años para fines publicitarios y se refuerzan las obligaciones de confidencialidad. Asimismo, la ley protege el cifrado de extremo a extremo, limitando la intervención estatal.
• Publicidad Digital: Es obligatoria la identificación clara de pautas publicitarias, la revelación de fuentes de financiamiento y la transparencia en los criterios de segmentación. Se prohíben las comunicaciones no solicitadas.

Servicios Financieros y FinTech
Las empresas del sector deberán garantizar sistemas de pago electrónico seguros y notificaciones inmediatas de transacciones, obligaciones que se integran al marco regulatorio financiero vigente para elevar los estándares de cumplimiento.

Régimen Sancionatorio e Impacto Corporativo
La ley aumenta la exposición a sanciones administrativas, con multas que pueden alcanzar los USD 42,500 en infracciones graves. Para el sector corporativo, esto implica una ampliación del alcance de la debida diligencia y una elevación de los estándares de cumplimiento en todas las operaciones digitales.

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