Perú presenta su nueva agenda regulatoria

La nueva administración de Perú asumió el cargo el 28 de julio de 2026, dando inicio a su mandato de cinco años. En su discurso inaugural (el Discurso) ante el Congreso, la presidenta Keiko Fujimori expuso los objetivos políticos y regulatorios de la administración (la Agenda). Esta alerta presenta las principales conclusiones del Discurso, destaca medidas adicionales incluidas en el plan de gobierno registrado (el Plan) y resume las implicaciones para los inversionistas extranjeros y los grupos multinacionales que operan o consideran operar en el mercado peruano.

Principales conclusiones

• La primera fase de la Agenda podría eludir el procedimiento legislativo ordinario. El Discurso anunció decretos de urgencia y una solicitud al Congreso para que delegue facultades legislativas destinadas a abordar emergencias ambientales y la seguridad pública. El proyecto de ley habilitante determinará la lista definitiva de materias delegadas y definirá el alcance real de la reforma.

• Los anuncios sobre contratación pública y salario mínimo podrían tener un amplio impacto multisectorial. El Discurso anunció una reforma integral del sistema de contratación pública y un aumento del salario mínimo legal a PEN 1.300 mensuales, acompañado de una subvención compensatoria única para las micro y pequeñas empresas.

• Una cartera de infraestructura a gran escala. El Discurso propuso la ampliación de la red de metro de Lima y Callao, sistemas de metro en tres ciudades regionales, líneas ferroviarias de cercanías, un importante proyecto de carretera y una cartera de corredores viales e infraestructura hídrica.

• El Discurso no agota la Agenda. Cuestiones de interés directo para los inversionistas internacionales que no fueron abordadas en el Discurso —minería, energía e hidrocarburos, desregulación cuantificada, justicia comercial, salud y ciencias de la vida, y el modelo de financiación, incluida la política tributaria— se desarrollan detalladamente en el Plan.

• El Plan se compromete a ampliar la base tributaria contributiva y fortalecer la recaudación sin aumentar la carga sobre los contribuyentes formales que ya cumplen con sus obligaciones. El Plan propone reformar la administración tributaria, con el objetivo asociado de reducir el déficit fiscal al uno por ciento del producto interno bruto (PIB) durante el mandato. Este compromiso es más limitado que uno relativo a las tasas tributarias y no garantiza que la carga de un contribuyente concreto permanezca sin cambios.

Contexto institucional

Perú volvió a contar con un Congreso bicameral en virtud de la Ley N.º 31988, una reforma constitucional aprobada en marzo de 2024 y aplicable desde las elecciones generales de 2026. El nuevo Senado, compuesto por 60 miembros, y la Cámara de Diputados, integrada por 130 miembros, prestaron juramento días antes del Discurso. El Senado actúa como cámara revisora y ejerce control sobre los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados y los decretos de estado de excepción, todos ellos directamente relevantes para las facultades delegadas solicitadas en el Discurso.

La delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo está reconocida constitucionalmente en Perú: el Congreso puede aprobar una ley habilitante que especifique las materias y un plazo determinado, dentro del cual el Ejecutivo puede emitir decretos legislativos con fuerza de ley. Los decretos de urgencia constituyen un instrumento distinto, reservado para asuntos económicos y financieros extraordinarios, y están sujetos a revisión por parte del Congreso.

Un discurso inaugural no tiene efectos jurídicos vinculantes. Por otra parte, los planes de gobierno se registran ante el Jurado Nacional de Elecciones como parte del proceso electoral y se consideran documentos partidarios, no políticas promulgadas. Sin embargo, muestran los detalles técnicos que respaldan los principales compromisos. En esta alerta se distingue entre lo anunciado en el Discurso, el contenido del Plan y las posibles implicaciones que podrían derivarse de ambos.

Anuncios con posibles efectos regulatorios

Decretos de urgencia

Se anunciaron decretos de urgencia para dos emergencias nacionales declaradas: los impactos ambientales relacionados con El Niño–Oscilación del Sur y la seguridad pública. Las medidas anunciadas incluyen el dragado de ríos, defensas ribereñas, protección de cuencas hidrográficas, despliegue de maquinaria pesada, un sistema logístico de respuesta rápida y asistencia financiera y técnica para los productores agrícolas afectados.

Se recomienda a las partes afectadas considerar:

• Los regímenes de contratación de emergencia y sus excepciones a las reglas ordinarias.

• La certificación ambiental y los permisos para obras en cursos de agua.

• Los criterios de elegibilidad para recibir asistencia agrícola.

Facultades legislativas delegadas

Además del impacto ambiental y la seguridad pública, el Gobierno anunció su intención de solicitar facultades legislativas delegadas relacionadas con reformas operativas, procesales y del sistema penitenciario, en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público. La delegación de facultades legislativas tiene una base constitucional expresa en el artículo 104 de la Constitución peruana y ha sido utilizada por administraciones anteriores. Por tanto, el foco de la solicitud se encuentra en el contenido y la calidad de la redacción de los decretos que se emitan, y no en el mecanismo en sí mismo.

El Gobierno también señaló que, durante las emergencias, las Fuerzas Armadas asumirían temporalmente la dirección de las operaciones de seguridad y el control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional.

Se recomienda a las partes afectadas considerar:

• La lista de materias delegadas y el periodo de delegación.

• La reforma del procedimiento penal.

• El régimen aplicable en las jurisdicciones sometidas a un estado de emergencia y sus efectos operativos sobre la actividad empresarial en dichas zonas.

Medidas administrativas y compromisos para los primeros 100 días

El Gobierno anunció la reactivación de programas de apoyo a pequeñas empresas, la ampliación del acceso al crédito a través del banco estatal de desarrollo, el fortalecimiento de las compras estatales a pequeñas empresas y el apoyo al factoring.

Paralelamente, anunció una reforma integral de la contratación pública —que, según el Discurso, representa el 24 por ciento del gasto nacional— mediante la consolidación de los procedimientos de contratación y el fortalecimiento de los mecanismos de control, un programa de desregulación, la creación de una Autoridad Nacional Digital y de una identidad digital para cada ciudadano, y una reforma del servicio civil.

Los anuncios relacionados con la contratación pública se producen en un contexto marcado por varios precedentes. La Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, fue publicada en junio de 2024, entró en vigor en abril de 2025 y desde entonces ha sido modificada repetidamente, incluso mediante la Ley N.º 32515, de diciembre de 2025, y el Decreto Legislativo N.º 1715, publicado en febrero de 2026.

Perú ha atravesado cuatro regímenes de contratación pública en tres décadas: la Ley N.º 26850, el Decreto Legislativo N.º 1017, la Ley N.º 30225 y la actual Ley N.º 32069. Para los proveedores internacionales, la cuestión práctica consiste, por tanto, en determinar si la reforma anunciada adoptará la forma de una nueva sustitución integral o de medidas de implementación sobre el marco existente.

Se recomienda a las partes afectadas considerar:

• Las modificaciones del marco de contratación pública y sus disposiciones transitorias.

• Los instrumentos de simplificación administrativa.

• La gobernanza institucional de la Autoridad Digital.

Otras posibles medidas en los próximos meses

Las propuestas resumidas a continuación no fueron abordadas en el Discurso, pero se encuentran recogidas en el Plan, que está organizado en tres pilares y 22 temas, cada uno de ellos con compromisos para los primeros 100 días y objetivos para 2031. Se citan como contenido de dicho documento y no como políticas promulgadas. Varias requerirían legislación primaria.

Desregulación y simplificación administrativa

El Plan contempla una reducción de al menos el 40 por ciento en los tiempos medios de tramitación de los proyectos de inversión, la eliminación de más de 500 procedimientos administrativos y la consolidación de normativas dispersas.

También propone una plataforma digital nacional que utilice inteligencia artificial (IA), mediante la cual el Gobierno pretende que el 80 por ciento de todos los procedimientos empresariales se completen digitalmente. Otros objetivos incluyen la aplicación del silencio administrativo positivo cuando corresponda, la estandarización de los procedimientos municipales en todo el país y plazos máximos vinculantes para las autorizaciones sectoriales.

De especial relevancia para el sector privado, el Plan propone reforzar el papel de la Agencia de Competencia y Protección al Consumidor en materia de barreras burocráticas, otorgándole facultades para realizar supervisiones preventivas, auditorías aleatorias y revisiones sectoriales de oficio, además de ordenar la eliminación de barreras ilegales o irrazonables sin necesidad de una denuncia previa. De aprobarse, ampliaría las vías disponibles para impugnar requisitos administrativos.

Contratación pública y controles anticorrupción

Durante los primeros 100 días, el Plan propone un proyecto piloto que aplique IA a la contratación pública para detectar sobrecostes y riesgos de colusión en proyectos de inversión, junto con la publicación en tiempo real de todas las licitaciones, contratos y modificaciones.

Los proveedores del Gobierno peruano podrían anticipar un entorno de detección automatizada y divulgación pública integral de la documentación contractual, con las correspondientes implicaciones para el cumplimiento de las normas de competencia y para la estrategia de confidencialidad en las ofertas.

Minería

El Plan propone modernizar la Ley General de Minería para introducir plazos obligatorios de exploración y producción, un mecanismo acelerado para proyectos estratégicos, incentivos fiscales para la reinversión y un régimen diferenciado para la minería artesanal y de pequeña escala.

Asimismo, propone una plataforma única electrónica minera interoperable con las autoridades tributarias y del agua y con los gobiernos regionales, la finalización del sistema de trazabilidad para la minería de pequeña escala, la remediación obligatoria de pasivos ambientales y la redistribución directa de hasta el 40 por ciento del canon minero a las comunidades situadas en las zonas de extracción.

Los compromisos para los primeros 100 días incluyen un paquete de asociaciones público-privadas y mecanismos de Obras por Impuestos para corredores mineros, un plan nacional de remediación de pasivos ambientales y grupos de trabajo conjuntos de la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y la autoridad tributaria contra la minería ilegal.

Energía e hidrocarburos

Los compromisos para los primeros 100 días incluyen una agenda nacional de hidrógeno verde, una convocatoria para proyectos piloto solares y eólicos y un sistema nacional de trazabilidad de combustibles interoperable con la autoridad tributaria.

Los objetivos para 2031 incluyen elevar las energías renovables no convencionales al 20 por ciento de la matriz eléctrica y reducir la dependencia de productos refinados importados del 75 al 50 por ciento.

Justicia comercial y resolución de controversias

El Plan propone expedientes judiciales electrónicos obligatorios en todos los distritos judiciales, el uso de IA para el análisis predictivo de casos y la asignación de expedientes, un procedimiento acelerado de requerimiento de pago que permita resolver deudas monetarias y reclamaciones de menor cuantía sin recurrir a procedimientos ordinarios, y el objetivo de reducir en un 30 por ciento los tiempos procesales medios.

También propone un programa nacional de voluntariado jurídico corporativo que involucre a los equipos jurídicos internos de las empresas en apoyo del sistema de defensa pública.

Industria, comercio y medioambiente

El Plan propone parques industriales modernos y zonas económicas especiales, una plataforma digital de comercio exterior mejorada con el objetivo de reducir a la mitad los tiempos de procesamiento de las exportaciones y un catálogo de productos industriales vinculado a las compras estatales.

En materia ambiental, propone un registro nacional público y georreferenciado de pasivos ambientales, un fondo para la Amazonía y plataformas de monitoreo ambiental en tiempo real.

Salud y ciencias de la vida

El Discurso abordó diagnósticos sanitarios y propuso la ampliación de las instalaciones de salud y políticas de protección para los pacientes de edad avanzada, pero sin presentarlas como una política sectorial. El Plan, por el contrario, dedica un capítulo completo a estas cuestiones.

Cinco elementos podrían tener efectos potenciales sobre el sector privado:

1. Autorización para que los medicamentos registrados en jurisdicciones de alta vigilancia sanitaria ingresen al mercado peruano, lo que reduciría los plazos de acceso al mercado.

2. Un programa nacional de medicamentos con descuentos preferenciales que incluya regulación de precios y estándares de calidad, junto con la promoción de medicamentos genéricos y la negociación conjunta de precios por parte del Estado.

3. Separación de las funciones de financiación y prestación de servicios en el sistema público y en la entidad de seguridad social de salud, junto con acuerdos tarifarios entre instituciones públicas y privadas que permitan a los pacientes elegir dónde recibir tratamiento.

4. Interoperabilidad total de las historias clínicas electrónicas vinculadas a los números nacionales de identidad, con las correspondientes implicaciones para el tratamiento de datos sensibles.

5. Una cartera de nueva infraestructura hospitalaria organizada por niveles de complejidad.

Los compromisos para los primeros 100 días incluyen telemedicina para las zonas rurales y amazónicas, un sistema acelerado de citas en hospitales prioritarios y una red de centros rurales de salud maternoinfantil.

Modelo de financiación y política tributaria

El Plan identifica como instrumentos centrales las asociaciones público-privadas, las Obras por Impuestos y los proyectos basados en activos —es decir, la monetización de activos públicos infrautilizados—, junto con un aumento limitado de la deuda de hasta el uno por ciento del PIB, destinado a la inversión productiva.

En materia tributaria, el Plan anuncia reformas de la administración tributaria dirigidas a ampliar la base contributiva y fortalecer la recaudación sin aumentar la carga sobre los sectores formales que ya contribuyen y cumplen con sus obligaciones, con el objetivo asociado de reducir el déficit fiscal al uno por ciento del PIB durante el mandato.

La propuesta aborda la presión sobre los contribuyentes formales cumplidores y la reforma administrativa, no las tasas tributarias, y no excluye la reestructuración de determinados regímenes.

Pensiones

Además del aumento de la transferencia no contributiva para personas mayores anunciado en el Discurso, el Plan propone una pensión mínima universal, aumentos de las pensiones mínimas y máximas del sistema público y una regla de indexación anual.

El Plan no contiene propuestas para reformar el sistema privado de pensiones. Esta observación se refiere al Plan como documento y no excluye la posibilidad de que las reglas de contribución a las pensiones sean promulgadas mediante medidas más amplias de formalización laboral o disposiciones que unifiquen el marco jurídico del empleo.

Implicaciones para los clientes internacionales

Infraestructura y contratación pública. La cartera de infraestructura anunciada incluye la finalización de la Línea 2 del Metro de Lima y la construcción de las líneas 3, 4, 5 y 6; sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo; un ferrocarril de cercanías que conecte Lima con Ica y Barranca; la Nueva Carretera Central; corredores viales adicionales; y obras de almacenamiento, irrigación y tratamiento de agua.

Perú ha utilizado asociaciones público-privadas, iniciativas privadas, mecanismos de Obras por Impuestos y acuerdos de gobierno a gobierno para desarrollar proyectos de este tipo, y el Plan añade los proyectos basados en activos como vía de financiación. Los contratistas, patrocinadores y prestamistas internacionales podrían evaluar qué modelo de ejecución probablemente se aplicará a los activos que les resulten relevantes y cómo la reforma de la contratación pública podría afectar los requisitos de calificación y los plazos de las ofertas.

Minería y energía. Aunque no fueron abordados en el Discurso, estos sectores se desarrollan ampliamente en el Plan. Los grupos con operaciones o carteras de exploración existentes en Perú podrían preparar una posición técnica sobre los plazos obligatorios de exploración y producción, el mecanismo acelerado propuesto, los incentivos a la reinversión y los requisitos de trazabilidad e interoperabilidad.

Se les recomienda no asumir que existirá un periodo previo de consulta: cuando la reforma se implemente mediante un decreto legislativo, podrían no aplicarse los mecanismos de participación propios de los procedimientos legislativos ordinarios, por lo que podría ser necesario preparar una posición técnica antes de que se publique un texto, y no después.

Costes laborales y planificación de la plantilla. El aumento anunciado del salario mínimo a PEN 1.300 mensuales afectará los presupuestos de nómina, las escalas salariales, los beneficios calculados en función del salario mínimo legal y los convenios colectivos existentes.

Esta medida no aparece en el Plan, que no contiene un capítulo laboral. Por tanto, su diseño técnico, calendario y el tratamiento de la subvención anunciada para pequeñas empresas siguen sin estar definidos. Los grupos con filiales peruanas deberían modelar el efecto sobre el ejercicio financiero actual.

Seguridad de las operaciones y exposición penal corporativa. El Discurso se centró en la extorsión, el crimen organizado, el tráfico de drogas y la minería ilegal, señalando que el 24 por ciento de las empresas de Perú fueron víctimas de un delito en 2024, y anunció el desmantelamiento de organizaciones criminales actuando sobre sus dirigentes y sus estructuras económicas.

El Gobierno pretende adoptar un enfoque centrado en los activos, utilizando leyes y herramientas de aplicación ya existentes, entre ellas:

• La extinción de dominio civil conforme al Decreto Legislativo N.º 1373 y las protecciones relacionadas de la Ley N.º 32326.

• El régimen de información para la prevención del lavado de activos.

• La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas conforme a la Ley N.º 30424, modificada por la Ley N.º 31740.

Se recomienda a los grupos con operaciones, rutas logísticas o redes de contratistas en Perú revisar sus protocolos de respuesta ante extorsiones, sus modelos de cumplimiento para la prevención de delitos y sus procesos de debida diligencia en la cadena de suministro cuando exista una posible exposición a minerales de origen ilegal.

Datos, tecnología y gobierno digital. La Autoridad Nacional Digital, la identidad digital de los ciudadanos, la vigilancia interconectada y el uso de IA para elaborar mapas de criminalidad plantean cuestiones relacionadas con la protección de datos, la interoperabilidad, la gobernanza algorítmica y la contratación tecnológica.

La Ley N.º 31814 de Perú promueve el uso de la IA para el crecimiento económico y social, junto con su reglamento, el Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, publicado en septiembre de 2025. La norma atribuye la supervisión de la IA a la secretaría de gobierno digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, haciendo énfasis en la supervisión humana, la transparencia, la no discriminación y los usos de alto riesgo y prohibidos.

La supervisión está a cargo de un órgano del Poder Ejecutivo, lo que convierte al Gobierno simultáneamente en promotor y usuario. La Ley N.º 29733 regula la protección de datos personales y resulta relevante para las evaluaciones de impacto.

Comercio y posicionamiento regional. El Gobierno anunció que dará prioridad a la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Esto es coherente con la continuidad de la orientación de Perú hacia el libre comercio, aunque no se anunció ninguna negociación o instrumento específico.

Consideraciones principales

Las empresas podrían considerar lo siguiente:

1. Modelar el ajuste del salario mínimo en las nóminas, los beneficios indexados y el presupuesto del ejercicio actual de las entidades peruanas, antes de la publicación del decreto de implementación.

2. Revisar la exposición contractual frente al Gobierno peruano, identificando los contratos en ejecución que podrían verse afectados por la reforma de la contratación pública o por sus disposiciones transitorias, además de anticipar la divulgación pública integral y la revisión automatizada de la documentación contractual.

3. Identificar los procedimientos administrativos críticos para las operaciones en Perú, tanto a la luz de la eliminación anunciada de procedimientos y los plazos vinculantes para las autorizaciones como de las facultades de actuación de oficio ampliadas que se proponen para el régimen de barreras burocráticas.

4. Reevaluar el riesgo de seguridad y extorsión en las operaciones y redes de contratistas, particularmente en las jurisdicciones sometidas a un estado de emergencia.

5. Para los grupos con inversiones existentes o previstas, revisar las protecciones disponibles conforme al régimen peruano de convenios de estabilidad jurídica y los tratados de inversión aplicables, y confirmar si las estructuras actuales preservan el acceso a dichas protecciones.

Próximos pasos

Esta alerta para clientes analiza la Agenda tal como fue anunciada. DLA Piper continuará monitoreando los acontecimientos a medida que el Congreso apruebe la ley que delegue facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Para obtener más información, póngase en contacto con los autores.

Por Sergio Barboza y Luis Vargas

dlapiper.com